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El aumento del impuesto a los cigarrillos electrónicos en Canadá: una bocanada de controversia

EQUIPO CLAVE
22.05.2024

A medida que el gobierno federal canadiense aplica un fuerte impacto en la palanca impositiva sobre los cigarrillos electrónicos, las provincias y territorios están resoplando y pasando en todas direcciones. El aumento de los impuestos a los cigarrillos electrónicos tiene como objetivo frenar el vapeo entre los jóvenes y aumentar los ingresos nacionales, pero ha provocado una nube de debate en todo el país. Algunos lo ven como un soplo de aire fresco para la salud pública, mientras que otros temen que arroje humo a los ojos de la industria de los cigarrillos electrónicos. Analicemos este tema y veamos cómo las diferentes regiones están manejando este cambio.

Aumento de impuestos federales: un comienzo lleno de humo

La decisión del gobierno federal de duplicar el impuesto a los cigarrillos electrónicos de CAD 0.05 a CAD 0.10 por mililitro de líquido electrónico es como aumentar la temperatura de un vaporizador de baja potencia. La esperanza es disuadir a los jóvenes de adquirir el hábito, considerando las crecientes preocupaciones sobre los riesgos para la salud asociados con el vapeo. Este aumento de impuestos significa que los usuarios de cigarrillos electrónicos verán un aumento notable en sus gastos de vapeo, lo que podría hacerles pensar dos veces antes de comprar su próxima botella de líquido electrónico.

La motivación detrás de este aumento es doble: en primer lugar, hacer que los cigarrillos electrónicos sean menos atractivos para los jóvenes y, en segundo lugar, generar ingresos adicionales que puedan canalizarse hacia iniciativas de salud. Es un caso clásico de matar dos pájaros de un tiro o, en este caso, apagar dos vaporizadores de una sola calada. Sin embargo, no todo el mundo está lanzando aros de humo de aprobación. La medida ha recibido reacciones encontradas: algunas provincias asintieron con la cabeza mientras otras se rascaban la cabeza.

Las provincias toman la iniciativa

Algunas provincias han decidido seguir el ejemplo del gobierno federal y consideran que el aumento de impuestos es un paso vital para reducir el consumo de cigarrillos electrónicos. Provincias como Columbia Británica y Nueva Escocia están de acuerdo y ven esto como una oportunidad para reforzar las medidas de salud pública. Al imponer impuestos provinciales adicionales a los federales, estas provincias pretenden desalentar aún más el vapeo entre jóvenes y adultos por igual.

Para estas provincias, no se trata sólo de añadir unos céntimos extra al coste del e-líquido; se trata de enviar un mensaje claro de que vapear no es un hábito inofensivo. Creen que al encarecer los cigarrillos electrónicos, pueden reducir el atractivo de estos productos, especialmente entre los jóvenes que podrían verse tentados a empezar a vapear debido a la presión de sus pares o a un marketing llamativo. Entonces, para estas regiones, todos los sistemas se suman al tren del aumento de impuestos, con el destino de una población más saludable.

Provincias que dan un pase

Por otro lado, algunas provincias no están tan interesadas en aumentar el impuesto a los cigarrillos electrónicos. Provincias como Alberta y Manitoba han decidido tomar un camino diferente, optando por no imponer impuestos provinciales adicionales. El razonamiento aquí varía: algunos creen que el aumento de impuestos federales ya es una pesada carga para los consumidores, mientras que otros están preocupados por el posible impacto económico en la industria de los cigarrillos electrónicos.

Para estas provincias, el argumento es que los impuestos adicionales podrían no disuadir significativamente el vapeo, sino que podrían llevar a los consumidores a buscar alternativas más baratas y posiblemente ilegales. Esto podría conducir a un mercado negro de cigarrillos electrónicos, socavando los propios objetivos de salud pública que pretenden alcanzar los aumentos de impuestos. Además, estas provincias se preocupan por las implicaciones económicas para las tiendas y minoristas locales de vapeo, que podrían tener dificultades para mantenerse a flote en medio de costos crecientes y ventas menguantes. Entonces, para ellos, es mejor prevenir que curar.

Impacto en la industria de los cigarrillos electrónicos

La industria de los cigarrillos electrónicos, naturalmente, tiene sus propias nubes que despejar. Los fabricantes y minoristas se están preparando para el impacto de estos aumentos de impuestos, que según ellos podrían ser sustanciales. Impuestos más altos significan costos más altos, que probablemente se trasladarán a los consumidores en forma de aumento de precios. Esto, a su vez, podría provocar una caída en las ventas, lo que podría exprimir el sustento de las pequeñas empresas que dependen del mercado de los cigarrillos electrónicos.

Los expertos de la industria advierten que esto podría empujar a algunos consumidores hacia el mercado negro, donde los productos no regulados plantean riesgos para la salud aún mayores. La ironía aquí es espesa: una medida diseñada para proteger la salud pública podría, sin darse cuenta, empujar a las personas hacia alternativas más peligrosas. Los minoristas exigen un enfoque equilibrado que tenga en cuenta tanto la necesidad de regulación y las realidades de la dinámica del mercado.

Conclusión

La decisión del gobierno federal canadiense de duplicar el impuesto a los cigarrillos electrónicos de CAD 0.05 a CAD 0.10 por mililitro ha provocado una mezcla de respuestas en todo el país. Dirigido a frenar a la juventud vaping y el aumento de los ingresos fiscales, el aumento ha provocado reacciones variadas entre las provincias y territorios. Algunos, como Columbia Británica y Nueva Escocia, han adoptado el aumento de impuestos y han agregado sus propios impuestos provinciales para desalentar aún más el vapeo y promover la salud pública. Otros, como Alberta y Manitoba, se muestran cautelosos, por temor a los impactos económicos en la industria de los cigarrillos electrónicos y el posible aumento de un mercado negro. Este complejo tema ha suscitado un debate entre los formuladores de políticas, los funcionarios de salud pública y las partes interesadas de la industria, destacando el acto de equilibrio entre la regulación y la dinámica del mercado.

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